Diciembre es un mes para evaluar lo realizado durante un año, pero también para proyectar los objetivos y desafíos del nuevo lapso. En esta ocasión, también coincide con el comienzo de un nuevo periodo presidencial, cuyos credos y prioridades podría determinar el devenir del sistema urbano nacional.

Durante este año, quedó en evidencia, una vez más, que Chile presenta una profunda crisis de planificación urbana que se reflejó en la emergencia de una serie de fenómenos que, por la atención a otras materias, permanecían invisibilizadas para las autoridades y la gran mayoría de los chilenos. Un ejemplo, ocurrió durante la época estival en la cual se produjeron una serie de incendios forestales que afectaron a más de 569.989 hectáreas, destruyendo más de 2.500 hogares y cobrando la vida de 11 personas. Siendo la localidad de Santa Olga, completamente destruida. A raíz de este trágico suceso, “descubrimos” que hay cientos de localidades rodeadas de densos bosques de pino y eucaliptus, altamente vulnerables a la ocurrencia de nuevos incendios, con insuficientes servicios básicos como agua potable y alcantarillado y, carentes de planes de protección civil que permitan mitigar los efectos de futuros siniestros.

Un par de meses después, estallaba una nueva polémica, la “construcción de guetos verticales” en la comuna de Estación Central. Frente a nuestros ojos se revelaban, cual apariciones fantasmagóricas, enormes construcciones que podían alcanzar los 42 pisos y contener más de 3.000 hogares, careciendo de áreas verdes, equipamientos y estacionamientos adecuados y, generando una serie de externalidades negativas en los barrios en los cuales se emplazan. Lo peor era que, este fenómeno no solo afectaba a la comuna sin Plan Regulador, sino que se replicaba en comunas colindantes. Por su parte, en abril, la realización del Censo permitió un nuevo “hallazgo”, grandes contingentes de inmigrantes vivían en deplorables condiciones de hacinamiento, ya sea en antiguas viviendas adaptadas para el arriendo o en decenas de “cuartos”, de cuatro a cinco metros cuadrados, construidas irregularmente por particulares que ven en la llegada de población extranjera vulnerable una oportunidad para hacer negocios. 

Estos ejemplos son solo algunos de los fenómenos que han logrado impacto mediático en el último año, pero junto a ellos hay muchos otros, que tendrán repercusiones en el corto, mediano y largo plazo de las ciudades chilenas. La reducción del tamaño de la familia y, el anhelo por acceder tempranamente a una vivienda por parte de jóvenes universitarios y profesionales, generará un aumento en la demanda de residencias, que serán construidas aceleradamente en las periferias urbanas y en las áreas centrales. La mayor demanda de primera o segunda residencia, impulsará una expansión de las manchas urbanas, pues el precio de suelo continuará incrementándose al interior de los centros urbanos, debido a la disminución de la oferta existente, obligando a la anexión de nuevos territorios periféricos. El incremento de las distancias entre los lugares de residencia, de trabajo y educación, generará que el mercado automotriz continúe expandiéndose de manera acelerada. En tanto, en los centros de las ciudades, la “verticalización” por la construcción de edificios, presionará por la transformación de los antiguos barrios, muchos de los cuales pasarán a “estar de moda”, repletándose de emporios, boutiques, restaurantes, bares y galerías de arte, cuya presencia impulsará a los residentes originarios a abandonar sus viviendas, a raíz del incremento en el precio del suelo y los conflictos con las inmobiliarias o los nuevos residentes. Paralelamente, el incremento en el número de adultos mayores en los centros urbanos, demandará espacios adaptados a las necesidades de las personas con movilidad reducida, no solo en infraestructura, equipamiento y transporte público, sino que también al interior de las propias viviendas.

Así, el aumento en el consumo de energía, de los tiempos de traslado y de población, no solo continuará ocurriendo, como hasta ahora, en las Áreas Metropolitanas de Santiago, Valparaíso y Concepción, sino que se extenderá al resto de ciudades intermedias mayores del país, las cuales en la próxima década se habrán convertido en complejas áreas metropolitanas, en las cuales los mecanismos e instrumentos de administración y regulación utilizados hasta ahora serán menos eficientes. 

En vista de lo anterior, el nuevo periodo presidencial se encuentra en un momento clave para el desarrollo del sistema urbano nacional. Identificados los síntomas y causas/efectos que los impulsarán, el tiempo en que la reacción era suficiente para mitigar o controlar los problemas, debe quedar atrás. Es necesario ahora pensar en cómo proyectamos un sistema urbano en el cual cada asentamiento debería ser capaz de entregar a sus habitantes las oportunidades para un desarrollo más equitativo e inclusivo, con espacios públicos de calidad, con mayor cantidad de áreas verdes funcionales, con políticas de suelo que consideren la recuperación de plusvalías generadas por las grandes inversiones estatales, y una mejor y transparente participación ciudadana en la elaboración de planes reguladores, desde su origen y no en las etapas avanzadas.

En los centros urbanos pequeños, se podrían elaborar planes reguladores que protejan el patrimonio cultural e integren las perspectivas de sus propios habitantes. En las ciudades intermedias un sistema de transporte público que estimule su utilización y se muestre más eficiente frente a otras alternativas privadas. La generación de proyectos de viviendas social que evite repetir los errores de las políticas habitacionales anteriores, mediante el estímulo a propuestas que consideren la integración social con otros grupos de viviendas. En las actuales áreas metropolitana, promover la construcción de nuevas líneas de metro (subterráneo o ligero) que lleguen a las áreas periféricas y deterioradas de la ciudad. 

Este fortalecimiento de la planificación urbana, pensamos, no debe ser sinónimo de centralismo, como puede suceder al crear un intendente o gobernador, sino que puede emerger de los propios organismos ya existentes. Es en los gobiernos locales y específicamente, en sus direcciones de obras municipales, donde se pueden encontrar   los profesionales que, gracias a su experiencia, pueden convertirse en agentes claves en la generación de un mejor orden urbano. 

En definitiva, el nuevo gobierno tendrá la responsabilidad de proyectar el desarrollo urbano por las próximas décadas. Esperamos que el problema se aborde de manera multidimensional, con transparencia y participación de todos los actores.

Rafael Sánchez es académico de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Universidad Católica. Doctor en Geografía, Universidad de Innsbruck (Austria). Geógrafo y Licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Área de investigación: Geografía Humana, Geografía urbana y Geografía del Turismo. 

E-mail: rsanchez@uc.cl